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La Gobernadora Margarita González Saravia ha demostrado que en su administración no hay tolerancia a la corrupción.
Desde el inicio de su administración, la Gobernadora Margarita González Saravia dejó en claro que, si alguno o alguna de sus colaboradores incurría en actos de corrupción, o si existía al menos la sospecha de ello, sería separado o separada del cargo.
Y así ha ocurrido.
Ante esto, es evidente que los rastrojos de la campaña electoral perdedora de la oposición en Morelos han iniciado una especie de guerra contra la administración estatal. Lo hacen desde el anonimato en redes sociales o a través de sus voceros, intentando sembrar en el imaginario colectivo y en la percepción de la sociedad morelense la idea de que el Gobierno de Morelos es corrupto.
Paradójicamente, los mismos voceros de la campaña encabezada por la ex candidata opositora Lucía Meza utilizan como “pruebas” los casos de ex servidores públicos que han sido separados del cargo precisamente por existir sospechas o señalamientos concretos de corrupción.
Aún está fresca en la memoria la época de funcionarios corruptos de pasadas administraciones que, lejos de ser despedidos, eran solapados, apapachados o incluso ascendidos de puesto.
En el actual sexenio, hemos sido testigos de cómo los servidores públicos vinculados con presuntas violaciones a la ley son despedidos, aunque mediáticamente se prefiera decir que “presentaron su renuncia”.
El caso más reciente es el de Leandro Vique Salazar, destituido —o presentado su renuncia— como director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), tras auditarse la asignación de plazas docentes y detectarse presuntas irregularidades.
Las Secretarías de Educación y de Contraloría oficializaron el cambio, mientras la Fiscalía Anticorrupción ya investiga el área jurídica del Instituto.
Pero este no es el único caso, y quizá ni siquiera el último.
En febrero de 2025, Josué Fernández Fernández, entonces coordinador estatal de Movilidad y Transporte, también fue destituido “por presuntos actos de corrupción”.
Su relevo fue anunciado de inmediato: Jorge Alberto Barrera Toledo asumió el cargo.
A estos casos se suma la salida de la entonces secretaria de Hacienda, Mirna Zavala, uno de los movimientos más relevantes de la actual administración.
Y aquí es donde entra el truco retórico de la oposición: estos cambios son presentados por los voceros del PRI y del PAN como prueba “contundente” de que el gobierno es corrupto, de que “no hay diferencia con las administraciones pasadas”.
Sin embargo, la Gobernadora ha instaurado un mecanismo claro —y quizá doloroso en términos políticos— para remover a quienes muestran señales de conductas reprochables.
Si no lo hiciera así, desde espacios como este, la ciudadanía lo estaría condenando.
Estos exfuncionarios gozaron de la confianza de la Gobernadora. Pero con el paso de los meses, simplemente sacaron el cobre y perdieron la confianza de la sociedad.
Ahora toca cerrar el círculo: que las autoridades encargadas de investigar esos presuntos actos de corrupción reúnan las pruebas necesarias para llevarlos ante las instancias judiciales donde, de ser encontrados culpables, no solo sean encarcelados, sino que resarzan el daño causado al erario público.
Pero la oposición todavía no entiende que no entiende.
Quizá, si cuando fueron gobierno hubiesen tomado la decisión de expulsar a los corruptos, hoy sus preferencias entre la ciudadanía serían distintas.
Quizá, si hubieran hecho las cosas de otra forma, hasta podrían estar en la jugada.
Héctor Raúl González
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